La diputada nacionalista por Treinta y Tres, Mónica Pereira, presentó formalmente este miércoles 19 de agosto una solicitud dirigida a las autoridades de UTE y OSE para que las familias damnificadas por las inundaciones que afectan al departamento sean exoneradas del pago de las facturas de energía eléctrica y agua potable durante agosto, setiembre y octubre.
La iniciativa fue planteada ante la presidenta de UTE, Andrea Cabrera, y el presidente de OSE, Pablo Ferreri, y busca generar un alivio económico para los hogares que debieron abandonar sus viviendas como consecuencia de la crecida del río Olimar y otros cursos de agua.
De acuerdo con los últimos datos difundidos este jueves, más de 1.600 personas se encuentran fuera de sus hogares, entre evacuados y autoevacuados. El intendente Mario Silvera informó que alrededor de 100 personas fueron evacuadas formalmente, mientras que unas 1.500 se autoevacuaron ante el avance de las aguas.
Pereira sostiene que el impacto de la inundación no termina cuando el nivel de los ríos comienza a descender. Para muchas familias, el retorno implica afrontar importantes gastos vinculados a la limpieza, desinfección, reparación de viviendas y reposición de muebles, electrodomésticos y otros bienes afectados por el agua.
En ese contexto, la exoneración de los servicios básicos durante tres meses pretende convertirse en una ayuda directa para las familias damnificadas, reduciendo una parte de los gastos que deberán afrontar durante el proceso de recuperación.
La solicitud también toma en cuenta la situación climática que atraviesa el departamento, con lluvias persistentes y advertencias meteorológicas que han agravado la emergencia hídrica.
La propuesta de la diputada tiene antecedentes concretos en Uruguay. OSE, por ejemplo, ya ha aplicado exoneraciones especiales para familias afectadas por inundaciones. En 2023, el organismo autorizó la exoneración del 100% de los cargos fijos y variables de agua potable y saneamiento para clientes damnificados de Artigas, Salto y Paysandú. La medida se instrumentó a partir de la información proporcionada por los CECOED.
El propio reglamento tarifario de OSE contempla la posibilidad de establecer bonificaciones cuando los servicios se ven afectados por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, incluyendo expresamente las inundaciones.
También UTE ha instrumentado beneficios especiales en anteriores emergencias. En las inundaciones de 2024, por ejemplo, dispuso descuentos para damnificados, incluyendo un 10% por cada día que permanecieran fuera de sus hogares, además de otros beneficios y un complemento económico en las facturas.
En 2019, Treinta y Tres estuvo entre los departamentos alcanzados por medidas especiales de UTE para damnificados por inundaciones, que incluyeron bonificaciones de hasta 200 kWh y el cargo fijo en dos facturas, además de reconexiones sin costo y la instalación de llaves diferenciales en viviendas afectadas.
Incluso existe un antecedente legislativo específico: la Ley N.º 20.077, aprobada tras el evento climático ocurrido en Paysandú en 2022, exhortó a UTE y OSE a exonerar el cargo fijo de las viviendas afectadas durante varios meses.
La solicitud de Pereira no implica por sí misma que la exoneración ya esté aprobada. La decisión deberá ser analizada por los directorios de ambos organismos, que deberán determinar el alcance, los beneficiarios y el mecanismo para aplicar eventualmente el beneficio.
La propuesta apunta a que el alivio alcance a las familias efectivamente damnificadas por la emergencia y que la condición de afectado pueda ser acreditada a través de los registros correspondientes, como los manejados por el CECOED.
La magnitud de la emergencia vuelve especialmente relevante el planteo. Con más de 1.600 personas fuera de sus hogares, el desafío para Treinta y Tres no será solamente superar la crecida, sino también acompañar a las familias durante la etapa posterior, cuando comiencen a regresar a viviendas que en muchos casos requerirán importantes tareas de recuperación.
La solicitud de exoneración de UTE y OSE busca, precisamente, que esa segunda etapa de la emergencia no se transforme en una carga económica todavía mayor para los damnificados.
