La Asociación Nacional de Armerías, Polígonos y Afines (Anapa) manifestó su preocupación ante los anuncios realizados por el ministro del Interior, Carlos Negro, sobre la posibilidad de impulsar mayores restricciones para la adquisición de armas de fuego y municiones en Uruguay.
A través de un comunicado difundido este miércoles, la organización que nuclea al sector sostuvo que comparte la necesidad de combatir la delincuencia y la violencia, pero cuestionó algunos de los argumentos planteados por el jerarca en el marco del debate sobre el control de armas.
La respuesta de Anapa surge luego de declaraciones realizadas por Negro en el Parlamento durante el pasado mes de mayo, cuando anunció la elaboración de un proyecto de ley vinculado al control de armas y advirtió sobre los riesgos asociados a la tenencia de estos elementos.
En aquella oportunidad, el ministro señaló que la sociedad debe comprender que estar armado implica responsabilidades y riesgos, y sostuvo que la circulación de armas puede contribuir a determinados fenómenos de violencia.
Cuestionamiento a la comparación realizada por el ministro
Uno de los puntos que generó mayor rechazo por parte de la asociación fue la comparación realizada por Negro al referirse a la compra de armas en comercios habilitados.
El ministro afirmó que adquirir un arma legalmente “no puede ser como comprar un pan flauta en un supermercado”, al tiempo que planteó la posibilidad de endurecer los requisitos existentes.
Desde Anapa calificaron esa afirmación como “alejada de la realidad” y señalaron que el proceso para acceder legalmente a un arma de fuego en Uruguay implica múltiples controles y exigencias.
Según la organización, quienes desean adquirir un arma deben acreditar buena conducta, carecer de antecedentes penales, someterse a evaluaciones médicas y psicológicas, realizar capacitaciones específicas y obtener las habilitaciones correspondientes.
Además, recordaron que esos requisitos deben mantenerse vigentes y renovarse periódicamente para conservar la autorización.
Defensa de los controles sobre la venta de municiones
La asociación también rechazó la idea de que exista una falta de control en la comercialización legal de municiones.
En ese sentido, recordó que la Ley Nº 19.247 establece la obligación de informar todas las operaciones vinculadas a la venta de municiones dentro de las 72 horas posteriores a su realización.
Anapa explicó que cada venta legal es reportada de forma digital a las autoridades competentes, incluyendo información detallada sobre el comprador, su documento de identidad, la habilitación correspondiente, el domicilio declarado, el arma asociada al calibre adquirido y la cantidad de municiones compradas.
Según el gremio, estos mecanismos permiten un seguimiento permanente de las operaciones y garantizan un sistema de trazabilidad que involucra tanto al Estado como a los comercios habilitados.
Reclamo por no aumentar restricciones a quienes cumplen la ley
En el tramo final del comunicado, la organización sostuvo que las políticas de seguridad deberían concentrarse en quienes operan fuera del marco legal y no en quienes cumplen con todas las exigencias establecidas por la normativa vigente.
“Las políticas más eficaces son aquellas que enfrentan a quienes actúan fuera de la ley y no las que agregan nuevas restricciones a quienes realizan el esfuerzo de cumplirla”, señaló la asociación.
Negro comparecerá ante Diputados
La discusión continuará este jueves cuando el ministro Carlos Negro concurra a la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.
Durante esa instancia, legisladores de distintos partidos buscarán conocer los fundamentos técnicos y la evidencia que respaldan las medidas anunciadas por el Ministerio del Interior.
Entre ellos se encuentra el diputado del Partido Colorado, Maximiliano Campo, quien adelantó que espera recibir información detallada sobre los estudios y argumentos que sustentan la propuesta de reforma vinculada al control de armas y municiones.
El debate se da en un contexto en el que la seguridad pública continúa ocupando un lugar central en la agenda política nacional, con posiciones contrapuestas respecto a la conveniencia de endurecer los controles sobre la tenencia y adquisición de armas de fuego.
