La discusión sobre el uso de teléfonos celulares en los centros educativos volvió a instalarse en Uruguay a partir de iniciativas legislativas y del análisis que lleva adelante la ANEP, en un contexto internacional donde varios países ya avanzaron en regulaciones destinadas a limitar o controlar la utilización de estos dispositivos por parte de niños y adolescentes.
El tema ha cobrado relevancia en los últimos meses debido a la creciente preocupación por el impacto que el uso de los celulares puede tener en los procesos de aprendizaje, la atención en clase y la convivencia dentro de los centros educativos.
Uno de los proyectos presentados en el Parlamento fue impulsado por el diputado del Partido Colorado, Maximiliano Campo, quien planteó la necesidad de establecer criterios claros para el uso de teléfonos móviles en las aulas.
El legislador sostuvo que el debate no debería centrarse exclusivamente en la terminología utilizada para definir la medida, sino en los objetivos que se persiguen.
«La palabra prohibición está puesta de gusto, está pensada y está puesta allí como un criterio que nosotros manejamos. Ahora, si el problema es esa palabra y tiene que ser regulación, bueno, adelante», expresó.
Según explicó Campo, la propuesta apunta a generar protocolos que sirvan de orientación para docentes y centros educativos, promoviendo un uso responsable de la tecnología y reduciendo las distracciones que generan las redes sociales, los videojuegos y otras aplicaciones durante el horario de clases.
El diputado aclaró que la iniciativa no pretende eliminar la tecnología del ámbito educativo, sino establecer pautas que permitan aprovechar sus beneficios pedagógicos sin afectar el proceso de aprendizaje.
Preocupación por la distracción en clase
Campo señaló además que diversos estudios internacionales ubican a Uruguay entre los países donde los propios estudiantes reconocen mayores niveles de distracción asociados al uso de dispositivos móviles.
«Más de la mitad de los estudiantes afirma distraerse durante las clases debido al uso del celular», sostuvo al referirse a datos surgidos de relevamientos educativos internacionales.
Para el legislador, estos indicadores justifican la necesidad de avanzar en una discusión profunda sobre los límites y las formas de utilización de la tecnología dentro de los espacios educativos.
ANEP trabaja en recomendaciones para los centros educativos
Mientras tanto, la ANEP también analiza la situación. El presidente del Codicen, Pablo Caggiani, confirmó que un grupo de trabajo especializado viene estudiando antecedentes nacionales e internacionales con el objetivo de elaborar recomendaciones para los centros educativos del país.
«Hay un grupo que está trabajando en un conjunto de recomendaciones para respaldar a los centros educativos en un tema que claramente necesita regulación», indicó.
Caggiani explicó que el análisis contempla experiencias desarrolladas en otros países, especialmente en Europa y Oceanía, donde en los últimos años se han implementado distintas medidas para controlar el uso de celulares durante la jornada escolar.
Ciudadanía digital y uso responsable
Desde ANEP entienden que el desafío no pasa únicamente por restringir el uso de los dispositivos, sino también por enseñar a utilizarlos de manera adecuada.
En ese sentido, Caggiani advirtió que si el sistema educativo no asume ese rol formativo, el aprendizaje sobre el uso de las tecnologías quedará exclusivamente en manos de las plataformas digitales y las redes sociales.
«Aprender cuándo utilizar el celular y cuándo prestar atención a una actividad educativa también forma parte de la ciudadanía digital», afirmó.
El jerarca consideró que la educación debe incorporar herramientas que permitan a niños y adolescentes desarrollar criterios de uso responsable, pensamiento crítico y capacidades para desenvolverse en entornos digitales cada vez más presentes en la vida cotidiana.
Un debate que continúa
La discusión sobre los celulares en las aulas se suma a otros desafíos vinculados a la transformación digital de la educación. Mientras algunos sectores promueven restricciones más estrictas para evitar distracciones, otros sostienen que la clave está en educar para el uso adecuado de la tecnología.
Por el momento, tanto el Parlamento como la ANEP continúan analizando posibles mecanismos de regulación, en una temática que genera debate entre docentes, familias, estudiantes y especialistas en educación.
Lo que parece existir como punto de consenso es que el uso de los teléfonos móviles dentro de los centros educativos requiere reglas claras que permitan compatibilizar las ventajas de la tecnología con la necesidad de garantizar ambientes adecuados para el aprendizaje.
